El protocolo de acción conjunta del Ministerio Público y la Policía Nacional genera verdaderos problemas en los casos de invasiones de propiedades privadas, pues les otorga tiempo para conseguir más adherentes, haciendo imposible el abandono pacífico, dijo el abogado Diego Torales, de la ARP.
“El instrumento fiscal- policial protocoliza el cumplimiento de la ley en el caso de las invasiones a inmuebles, y la falta de acción inmediata hace que los mismos logren apoyo logístico”, explicó el abogado Diego Torales, presidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).
Opinó que la falsa estabilidad que genera el protocolo de acción conjunta del Ministerio Público y la Policía Nacional es posiblemente uno de los elementos más dañinos de la normativa, porque genera una falsa estabilidad de la situación, ya que muchas de las invasiones actuales tienen más del año de duración, y fácilmente otras llegan incluso a superar los diez años en el terreno.
“La falta de acción inmediata hace que los mismos logren apoyo logístico. Ellos no necesitan una organización muy compleja, ya que naturalmente los ocupantes ilegales, como todos, tienen necesidades primarias básicas, e instintivamente recurren a familiares o conocidos, y estos proveen de elementos de subsistencia, alimentos, medicamentos, enseres, ropas, etcétera, a los mismos”, afirmó Torales.
En el trascurso de tiempo que otorga el protocolo, los invasores adquieren supuestos derechos, haciendo muy difícil la expulsión del inmueble ocupado indebidamente.
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