es decir, que la gravedad de la sanción impuesta por un juez sea equivalente en una pena y guarde relación estricta con la gravedad del hecho cometido y la culpabilidad del autor. Con ella también se buscaba que el castigo sea proporcional al delito que fue cometido para que, como es en nuestro caso, no todos los hechos punibles tengan pena de 30 años de cárcel, que es la máxima de nuestra ley penal. Esto, porque si bien el fiscal es responsable de probar los hechos acusados, como no puede probarlos por su mala investigación, pide una alta pena para decir luego que fue el juez que dejó impune el caso o el que le dio una ínfima pena al acusado, lo que le sirve para maquillar su labor. Señalaba que “esa es la realidad y estamos cambiando preso sin condena por condenado sin juicio, porque eso no es un juicio. Pero volviendo al tema de la proporcionalidad, lo que se tiene que dar es que la pena sea, como dicen los jueces: “justa y útil”. Los magistrados no deben sentirse presionados solo por la alta pena requerida por el Ministerio Público.
Las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. Quedan proscriptas la pena de confiscación de bienes y la de destierro”. Este es el objeto de las penas, según señala nuestra Constitución.
Lo que se busca es readaptar al condenado a una vida sin delinquir, y, a la vez, proteger a la sociedad. Cambió el objetivo anterior que era devolver al delincuente el mal delito por el mal de la pena.
Se busca aplicar el principio de proporcionalidad; es decir, que la gravedad de la sanción impuesta por un juez sea equivalente en una pena y guarde relación estricta con la gravedad del hecho cometido y la culpabilidad del autor.
La primera norma escrita hablaba de la famosa Ley del Talión, en el Código de Hammurabi, pero conocida más por los textos bíblicos con la famosa frase del “ojo por ojo y diente por diente”.
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