Una coalición de más de 60 sindicatos y movimientos sociales —la mayoría de profesionales de la salud, liderados por la Red Sindical UniSaúde— pidió ante la Corte Penal Internacional que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sea condenado por genocidio. En la denuncia, presentada en La Haya, se argumenta que el mandatario cometió un crimen […]
Una coalición de más de 60 sindicatos y movimientos sociales —la mayoría de profesionales de la salud, liderados por la Red Sindical UniSaúde— pidió ante la Corte Penal Internacional que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sea condenado por genocidio. En la denuncia, presentada en La Haya, se argumenta que el mandatario cometió un crimen de lesa humanidad, tanto por alentar acciones que aumentaron el riesgo de proliferación del Covid-19 como por negarse a implementar políticas de protección para las minorías.
Un documento de 64 páginas, que representa a más de un millón de profesionales de la salud, señala “fallos graves y mortales” en la respuesta brasileña a la crisis sanitaria. Hasta este lunes, el país registra más de 87.000 muertes y casi 2,5 millones de casos confirmados de la covid-19.
Según el documento, Bolsonaro nunca ha seguido las recomendaciones técnicas de su propio Ministerio de Sanidad para frenar el contagio en Brasil. Desde el comienzo de la crisis, varias veces ha provocado aglomeraciones y ha aparecido sin mascarilla, además de hacer declaraciones que minimizaban la gravedad de la covid-19, a la que llamó “gripecita”. “Esta actitud de desprecio, negligencia y negacionismo ha tenido consecuencias desastrosas, con el consiguiente aumento de la diseminación y el colapso total de los servicios sanitarios, que se encontraron sin las condiciones mínimas para...
La denuncia también cita la insistencia del presidente en defender el uso de cloroquina como tratamiento para la covid-19 —aunque no haya pruebas científicas de su efectividad— y los vetos a leyes aprobadas por el Congreso para contener la epidemia (como el uso obligatorio mascarillas en lugares cerrados, comercios y templos religiosos) y proteger a las poblaciones más vulnerables, como los pueblos indígenas y los quilombolas (como se llama a los descendientes de esclavos). A principios de julio, Bolsonaro vetó la obligación del Gobierno federal de garantizar incluso el agua potable a estas...
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