Desconocidos abrieron los féretros de Carlos Antonio López y Francisco Solano López, depositados en el Panteón Nacional de los Héroes. La Fiscalía inició una investigación por atentado contra el patrimonio cultural, que puede tener una pena de hasta 10 años de cárcel.
Los tres empleados eran pagados con recursos del Estado por los trabajos que hacían en su propiedad.
El diputado colorado fue acusado por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Tras admitir el ilícito y ofrecer pagar G. 30 millones, así como hacer una donación de G. 5 millones, obtuvo la suspensión condicional
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