El procurador general, Marco González, pidió al juez de ejecución, Carlos Mendoza, devolver el expediente al juez de Garantías, para que revoque la resolución por la cual fueron condenados en un procedimiento abreviado, Khalil Ahmad Hijazi, Zulma Fernández de Hijazi, Hussein Hijazi, Hamze Hijazi y Víctor Espínola, a donar en total G. 400 millones, en […]
El procurador general, Marco González, pidió al juez de ejecución, Carlos Mendoza, devolver el expediente al juez de Garantías, para que revoque la resolución por la cual fueron condenados en un procedimiento abreviado, Khalil Ahmad Hijazi, Zulma Fernández de Hijazi, Hussein Hijazi, Hamze Hijazi y Víctor Espínola, a donar en total G. 400 millones, en concepto de “reparación del daño social”. Fueron acusados por contrabando de US$ 52 millones. La Procuraduría alega indefensión del Estado (en su calidad de víctima), considerando que no fue tenida en cuenta en la audiencia preliminar.
-Hay una presentación de la Procuraduría ante el Juez de Ejecución donde ustedes reclaman no haber intervenido en representación del Estado paraguayo en un caso de contrabando, de 52 millones de dólares.
“Es un caso de contrabando y que si uno hila más fina está podría haber lavado de dinero allí, pero dejemos contrabando que es lo que se sancionó a algunas personas que se acogieron al procedimiento abreviado y a una persona se le aplicó la suspensión condicional de procedimiento. En etapa de Ejecución, el Juez de Ejecución correctamente le corre traslado a la Procuraduría, porque advierte que no se ha reparado ni intentado reparar el daño a la víctima, el daño al Estado Paraguayo y si estamos hablando de contrabando, obviamente es plata que dejó de ingresar al fisco y quién representa...
-Hubo una acusación, el caso estaba a cargo de la fiscala Estefanía González. Ella se presenta en la audiencia preliminar, se reafirma en su acusación, pero después cambia de postura y se allana al planteamiento de los defensores de los acusados.
Leer la nota completa en El Observador
