Unos G. 1.107 millones de honorarios quieren cobrar los procuradores que intervienen en un juicio de fijación de precios por expropiación que dos empresas abrieron contra el Estado. Pero el proceso sigue y los indígenas beneficiados esperan recuperar su territorio hace 12 años.
El juicio fue abierto por Rosswel Company SA y Kansol SA contra el Estado paraguayo y el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi). En cinco meses, los procuradores lograron la autorización para cobrar más de 198 mil dólares, mientras los indígenas Sawhoyamaxa, del Chacho, en 12 años no logran tener tierras tituladas.
En agosto de 2017, los procuradores del Estado, Alfredo González, Vicente Rodríguez y Víctor Arriola solicitaron ante el Tribunal de Apelaciones Primera Sala una regulación de honorarios profesionales a partir de un incidente que habían ganado en el marco del proceso principal, de fijación de precios.
Para determinar sus honorarios, pidieron que se tuviera en cuenta el monto reclamado por las empresas en el juicio principal, que es de 39.611.000 dólares.
El 6 de diciembre de 2017, los jueces Óscar Paiva Valdovinos, Marcos Riera Hunter y Eusebio Melgarejo resolvieron regular los honorarios en 198.054 dólares más el 10% de IVA, de 19.805 dólares.
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