En el marco de la causa N° 6853/2022 por estafa superior a 5.500 jornales contra la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el Juez Humberto Otazú condenó a Julio Javier Lovera Caballero a dos años de prisión con suspensión a prueba, tras admitir su culpabilidad y acogerse al procedimiento abreviado. La Fiscalía, representada por el agente […]
En el marco de la causa N° 6853/2022 por estafa superior a 5.500 jornales contra la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el Juez Humberto Otazú condenó a Julio Javier Lovera Caballero a dos años de prisión con suspensión a prueba, tras admitir su culpabilidad y acogerse al procedimiento abreviado.
La Fiscalía, representada por el agente Silvio Corbeta, acusó a Lovera de haber retirado cables y materiales de forma indebida entre enero del 2021 y marzo del 2022, incluso después de haber perdido toda autorización formal por parte de la empresa contratista CIME S.R.L. A pesar de ello, siguió actuando con el aval del jefe de la unidad en Limpio, Ronie Rodríguez, contribuyendo a lo que el Ministerio Público calificó como una defraudación institucional organizada.
Durante la audiencia preliminar, la defensa pública de Lovera propuso la aplicación del procedimiento abreviado y una reparación social de Gs. 27 millones, distribuidos en pagos mensuales de Gs. 750.000 por tres años. El imputado aceptó de forma voluntaria su responsabilidad como coautor del hecho punible de estafa y acordó cumplir reglas de conducta durante el periodo de prueba, incluida la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse mensualmente ante el Juzgado de Ejecución.
El dinero comprometido en concepto de reparación será destinado a la Capilla San Juan Bautista de San Juan Nepomuceno y a la Fundación San Rafael de Asunción, ambas reconocidas por su labor comunitaria y social. El tribunal, al admitir el acuerdo, destacó la falta de antecedentes penales del procesado, su buena conducta durante el proceso y su colaboración con la justicia. En consecuencia, se ordenó la suspensión a prueba de la ejecución de la condena, conforme al art. 44 del Código Penal.
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