La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, señaló que el tema forma parte del proyecto de Reforma Electoral que está en manos del Congreso, cuyo debate se retomará tras el receso parlamentario.
“Está ese punto previsto. Deberíamos de impulsar que eso sea posible”, significó la secretaria de Estado. Agregó que la Constitución Nacional establece claramente que la persona que está condenada es a quien se restringe el derecho al voto.
En caso de que avance este punto en la Reforma Electoral generará una serie de medidas que se tomarán a partir de esa decisión. Pérez remarcó que en primer lugar, existe un 75% de la población penitenciaria sin condena. Alrededor de 15.000 personas están privadas de su libertad por lo que alrededor de 11.250 están sin sentencia firme.
“Esto también implica que vamos a trabajar en un censo sobre el origen de dónde está registrada la persona en el padrón electoral, a los efectos de saber cuándo va a votar por cuestiones locales; cómo se va a proceder, porque un interno de Tacumbú puede ser oriundo de San Pedro, entonces le correspondería votar en las municipales por su municipio y en las generales por la diputación”, ejemplificó Pérez.
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