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Santiago de Chile, 13 abr (EFE).- La propuesta de la Fiscalía chilena de dictar «prisión preventiva» para los extranjeros indocumentados que sean detenidos por cualquier delito ha desatado un agrio debate nacional y la preocupación internacional, ya que supone una medida de excepción en la región que no aplican ni siquiera los países con políticas migratorias más duras.
Una decisión que se suma a la recién aprobada «Ley Naím-Retamal», que concede mayor libertad de acción a la Policía en el uso de las armas y reduce la asunción de responsabilidades al eludir la proporcionalidad y que, según estas organizaciones, supone un «peligroso retroceso» de Chile en el respeto a los derechos humanos.
«Preocupa que esta medida se anuncie en un contexto en que ha ido creciendo en nuestro país una narrativa que refuerza estereotipos en contra de personas migrantes y que puede dar lugar al aumento de prácticas racistas», explicó a EFE el director de Amnistía Internacional (AI) Chile, Rodrigo Bustos.
En su opinión, solicitar la prisión preventiva para los delitos que no conllevan pena privativa de libertad «sería una especie de pena anticipada y un instrumento de control migratorio más que una medida cautelar en función del reproche penal».
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