La Defensoría del Pueblo recibió unas 70 denuncias de asegurados del Instituto de Previsión Social que se quejaron del mal servicio administrativo y médico. Se prevén sumarios a los funcionarios de la previsional en los próximos días.
Los tres empleados eran pagados con recursos del Estado por los trabajos que hacían en su propiedad.
El diputado colorado fue acusado por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Tras admitir el ilícito y ofrecer pagar G. 30 millones, así como hacer una donación de G. 5 millones, obtuvo la suspensión condicional
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