Los diputados tratarán mañana un proyecto de ley por el que se pretende eliminar el IVA a los créditos otorgados por las cooperativas y la obligación que ellas tienen de elegir a sus autoridades empleando el sistema de representación proporcional. En realidad, lo que les preocupa a los dirigentes cooperativos que promueven estas protestas no es tanto que se graven las operaciones crediticias, sino que se posibilite, mediante la vigencia de la representación proporcional, que los Consejos de Administración, las Juntas de Vigilancia y las Juntas Electorales también sean integrados por cooperativistas ajenos a las claques allí atornilladas. Ocurre que los dueños actuales del poder en las cooperativas quieren seguir excluyendo de los órganos directivos a quienes puedan cuestionarlos. El proyecto a estudiarse no responde al interés general, sino al de unas camarillas acostumbradas a manejar las cooperativas como si fueran de su propiedad. Es de esperar que en el plenario de los diputados predomine la cordura para desterrar viejos esquemas que perpetúan privilegios indebidos, opuestos a la transparencia.
Los diputados tratarán mañana, jueves, un proyecto de ley de sus colegas Óscar González Drakeford, Celso Kennedy, Édgar Acosta y Marcial Lezcano, por el que se pretende eliminar el impuesto al valor agregado (IVA) a los créditos otorgados por las cooperativas y la obligación que ellas tienen de elegir a sus autoridades empleando el sistema de representación proporcional. A la fecha, 292 cooperativas de producción, de un total de 683 cooperativas de todo tipo registradas en el país, ya vienen pagando voluntariamente el IVA.
El proyecto de ley fue presentado el 31 de marzo, es decir, un día antes de que entraran en vigor los cambios introducidos el año pasado a la Ley de Cooperativas, y en coincidencia con las movilizaciones impulsadas por dirigentes gremiales celosos de mantener sus privilegios, los mismos que financian las manifestaciones simultáneas de campesinos que exigen la condonación de sus deudas, según lo admitió el conocido agitador Elvio Benítez.
Aparece así que esos objetores nada desinteresados están desviando fondos para acentuar la presión que desde setiembre de 2015 vienen ejerciendo sobre los Poderes del Estado para impedir que su gestión sea mejor controlada por los asociados, se extienda la base tributaria conforme al principio de igualdad y se formalice cada vez más la economía negra.
En realidad, lo que les preocupa a los dirigentes cooperativos que promueven estas protestas no es tanto que se graven las operaciones crediticias, sino que se posibilite que los Consejos de Administración, las Juntas de Vigilancia y las Juntas Electorales también sean integrados por cooperativistas ajenos a las claques allí atornilladas.
Leer la nota completa en Diario ABC
