Los tribunales de conducta de los partidos políticos tienen como objetivo eliminar la disidencia, es decir el desacuerdo de alguien o de un grupo con la cúpula partidaria, aunque en realidad lo que se busca es eliminar la competencia de liderazgo. Pero lo más grave de las sanciones disciplinarias es que atentan contra la naturaleza de la representación política, atribuyéndose las élites políticas la propiedad de los representantes del pueblo, sobre los cuales pretenden mantener el dominio.
Las expulsiones en los partidos políticos casi nunca se dan por cuestiones relacionadas con la doctrina, ideologías o proyectos de acción, con los cuales las víctimas declaran no estar de acuerdo.
Las sanciones se dan generalmente por enfrentamientos personales con el líder de turno, razón por la cual hoy por hoy los tribunales de conducta ya casi no están integrados por personas honorables, de incuestionable conducta moral y principios éticos, sino por personas leales al poder interno.
Si bien es cierto que existen casos de personas afiliadas a una determinada nucleación política que se candidatan a cargos públicos por otras agrupaciones partidarias, sin renunciar, o que fueron condenados por la justicia, y que por tanto fueron expulsados, la mayoría de los sancionados corresponden a casos de disidencia.
En las organizaciones democráticas estas disidencias deberían ser normales, ya que las personas al afiliarse a un partido manifiestan su adhesión a una ideología, una doctrina y un programa o ideario, no a una persona o grupo de personas.
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