Para los ediles, la resolución no fue anulada como se quiere dar a entender, sino que solamente sus efectos fueron suspendidos, según señaló la concejala municipal Lilian González, al justificar la presentación.
La idea inicial era que el pleno la Junta Municipal como cuerpo colegiado accione, pero no hubo mayoría para aprobarlo, por lo que decidieron accionar como ediles municipales, bajo el patrocinio del abogado Leonardo Ayala Balmoris.
Nulidad. Los ediles piden que se corra traslado la acción al TSJE y al fiscal general del Estado, y se dicte un fallo declarando nula la resolución. “Esa resolución debería de anularse, ellos lo que hicieron fue suspender. Con esa resolución, hoy suspendida, aceptaron la renuncia de la intendenta y eso es ilegal, porque la vacancia no se produjo debido a que la Junta Municipal ni siquiera recibió oficialmente la nota ante el pleno”, insistió.
En el escrito, el abogado Ayala Balmoris señala que la resolución atacada hace referencia a la Ley 635/95, que reglamenta los deberes y las atribuciones, entre ellas las acciones a adoptar en caso de vacancia. “No se observa que una de las atribuciones sea la de aceptar o rechazar una renuncia, por lo que no hay caso de vacancia que justifique a los magistrados a dictar esta resolución, convocando a elecciones a un cargo que ya está ocupado”, dicen.
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