La Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) enfrenta graves carencias en infraestructura, tecnología y recursos humanos, dificultando su lucha contra la corrupción y el lavado de dinero.
En un alarmante descubrimiento, se ha revelado que la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), uno de los pilares fundamentales en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, opera en condiciones de extrema precariedad. La falta de recursos, tecnología adecuada y personal capacitado pone en jaque la efectividad de esta crucial unidad fiscal.
Una visita a las instalaciones de la UDEA, ubicada en el corazón de Asunción, deja al descubierto una realidad desalentadora. Oficinas diminutas, expedientes apilados en el suelo, un único ascensor desvencijado y una infraestructura en decadencia son solo algunas de las deficiencias que enfrentan los agentes fiscales encargados de investigar complejos delitos económicos y de corrupción.
Con apenas 13 fiscales, la UDEA tiene la titánica tarea de investigar posibles actos de corrupción en más de 260 municipios, 17 gobernaciones, instituciones del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de entes autónomos y autárquicos. Cada fiscal cuenta con un equipo de solo dos a tres asistentes, quienes deben lidiar con hasta 200 expedientes en espacios reducidos y con mobiliario inadecuado, convirtiendo la lucha contra la corrupción en una misión casi imposible.
La precariedad se extiende más allá de las oficinas. La falta de tecnología adecuada y la ausencia de interconectividad obstaculizan el trabajo investigativo. Expedientes de corrupción pública, muchos de ellos vinculados a la clase política, languidecen en cajas de cartón, acumulando polvo y olvido. Asistentes fiscales se ven obligados a subir y bajar escaleras o esperar por el único ascensor disponible, perdiendo valioso tiempo en el proceso.
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