Los 12 funcionarios sumariados por orden del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, fueron “rastreados” en las redes sociales. Se los sindica como “cabecillas” y “revoltosos” por reclamar ascensos, criticar altos salarios de administrativos, congelamiento de sus haberes desde hace 5 años y la falta de transferencia de descuentos a IPS. Esto último, tras el escándalo, ya se regularizó.
La práctica de pyragüereato fue documentada por la propia inspectora general del Ministerio Público, abogada Yudith Romero Esquivel.
En las cédulas de notificación de la apertura del sumario contra los funcionarios fiscales, Romero Esquivel indica que la Dirección de Comunicación y Prensa del Ministerio Público remitió las publicaciones realizadas por los funcionarios en las redes sociales y medios periodísticos.
De acuerdo a los datos que van saltando en torno al caso, los funcionarios afectados crearon grupos de Whats-App que también fueron “rastreados” para la individualización de los “cabecillas”, en una total violación del derecho a la intimidad.
Los sumariados, de hecho, no realizaban nada a “puertas cerradas”, debido a que crearon hace un año una Asociación de Asistentes Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, y empezaron a realizar una serie de reclamos, que nunca tuvieron una respuesta.
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