(Por NL) En Paraguay, donde cada inversión, contrato o compraventa inmobiliaria puede ser decisiva para empresas y familias, los escribanos cumplen un rol que va mucho más allá de firmar documentos, pues garantizan la seguridad jurídica de las transacciones, contribuyen a la confianza del país ante inversionistas nacionales y extranjeros, y evitan conflictos legales que podrían prolongarse años en tribunales.
, presidenta interina del y con 33 años de experiencia en la función notarial en su, explicó que Paraguay forma parte de la Unión Internacional del Notariado, que agrupa a 93 países. Nuestro sistema, conocido como sistema latino, se diferencia del anglosajón (como el de Estados Unidos) porque se centra en la función preventiva del notariado: asegura que los actos sean legales y confiables antes de que se inscriban o ejecuten, evitando así fraudes, duplicidad de títulos y conflictos futuros.
“El notariado encuentra justamente en su figura una función esencial para la seguridad jurídica, para equilibrar los intereses y para poder disipar o evitar las contiendas o los juicios”, explicó Ayala Ratti. A diferencia del sistema anglosajón, donde las transacciones se respaldan mediante seguros costosos, el sistema latino ofrece garantías mediante la formalización notarial, acompañada del registro y el catastro, asegurando que la titularidad de bienes y propiedades quede clara y protegida.
Actualmente, los escribanos paraguayos buscan una ley notarial que regule la figura jurídica del notariado, estableciendo bases sólidas para la creación de títulos y fortaleciendo la confianza en el sistema. Esto incluye la integración de registro y catastro para minimizar conflictos de propiedad y prevenir problemas futuros.
Además de formalizar actos y contratos, los escribanos tienen un rol ético y social: deben proteger a las personas más vulnerables, evitando contratos abusivos o ilegales. También actúan como responsables solidarios frente al Estado en la recaudación de impuestos y tienen la obligación de denunciar actividades relacionadas con lavado de dinero, tráfico de bienes u otros delitos económicos, según la legislación vigente.
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