Cuando todo el mundo esperaba que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dieran al país entero ejemplo de transparencia y honorabilidad, acatando la ley que obliga a prestar declaración jurada de bienes y rentas, he aquí que, por el contrario, intentan oponer toda clase de obstáculos a su cumplimiento. Esa inexplicable actitud lleva a preguntarse: ¿qué tienen que ocultar los ministros, jueces y funcionarios del Poder Judicial? En efecto, juzgando a su favor, la Corte suspendió en beneficio de sus nueve ministros, de centenares de magistrados y de unos diez mil funcionarios judiciales, los efectos de varios artículos de la Ley 5033/13, que reglamenta el artículo 104 de la Constitucional, que dispone que todos los funcionarios y empleados, incluyendo los de elección popular y de todas las demás entidades que perciban remuneraciones permanentes del Estado, deben presentar declaración jurada de bienes y rentas. La aberrante resolución de la Corte implica que la citada ley no regirá, de hecho, para el Poder Judicial. ¿Qué chanchullos quieren esconder quienes ocupan el Palacio de Astrea? Si la Ley 5033/13 es hoy letra muerta en el citado Poder del Estado, también lo será la que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública.
Cuando todo el mundo esperaba que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieran al país entero ejemplo de transparencia y honorabilidad, acatando la ley que obliga a prestar declaración jurada de bienes y rentas, he aquí que, por el contrario, intentan oponer toda clase de obstáculos a su cumplimiento. Esa inexplicable actitud lleva a preguntarse: ¿qué tienen que ocultar los ministros, jueces y funcionarios del Poder Judicial?
En efecto, juzgando a su favor, la CSJ suspendió en beneficio de sus nueve ministros, de centenares de magistrados y de unos diez mil funcionarios judiciales, los efectos de varios artículos de la Ley Nº 5033/13, que reglamenta el art. 104 de la Constitución. Esta norma dispone que “Los funcionarios y los empleados públicos, incluyendo a los de elección popular, los de entidades estatales, binacionales, autárquicas, descentralizadas y, en general, quienes perciban remuneraciones permanentes del Estado, estarán obligados a prestar declaración jurada de bienes y rentas dentro de los quince...
La aberrante resolución implica que la citada ley no regirá, de hecho, para el Poder Judicial, ya que, habiendo sido impugnado de entrada su art. 1º, que obliga en general, de acuerdo a la Constitución, a “quienes perciban remuneraciones provenientes de fondos públicos”, debe entenderse que todas las demás disposiciones serían inaplicables para los miembros del Poder Judicial. Se objeta que dicha norma incluye a los contratados, que no tienen un carácter permanente, pero ocurre que si es inaplicable en este caso, lo será incluso con respecto a quienes, como los beneficiarios de la medida...
Por si hacía falta, la Sala Constitucional también suspendió los efectos del art. 2º de la ley, que reza: “Las personas mencionadas en el artículo precedente presentarán declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, a la Contraloría General de la República dentro de los quince días de haber ocupado el cargo y en igual término al abandonarlo”. La Corte alega que el art. 104 de la Constitución no obliga a revelar las deudas, lo que resulta curioso porque declararlas beneficiaría a los obligados a la hora de justificar el valor de su patrimonio. Solo cabe repetir la interrogante:...
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