Entre los múltiples desafíos de renovar, corregir e innovar el conjunto de políticas públicas, el nuevo Gobierno se enfrenta a una serie de desafíos recurrentes que atañen al sector primario. Por un lado, debe resolver las demandas de los agricultores familiares, desde una perspectiva social y económica, y, por otro, debe asegurar las condiciones para el desempeño eficiente de la agricultura tecnificada y de la ganadería.
No tiene que olvidarse que la situación de pobreza es particularmente marcada en las zonas rurales, específicamente en el segmento campesino. De allí que la fórmula generalmente usada para resolver ese problema es la inclusión de la población en situación de pobreza en la cadena de valor, basada en algún sistema productivo agrícola y comercial, lo que permitiría incrementar los ingresos monetarios de este grupo.
Sin embargo, la larga tradición de producción para el autoconsumo no ha generado incentivos para producir más y vincularse al mercado y peor aún, la casi desaparición de la cadena productiva del algodón, que representó toda una época dorada en la precaria economía campesina durante las décadas de 1980 y 1990, ha limitado significativamente su capacidad de generar recursos.
La respuesta tradicional de los sucesivos gobiernos se basaba en intervenciones descoordinadas de las demás políticas públicas, escasamente articuladas con las iniciativas privadas, dando como resultado casi siempre muy bajos niveles de eficiencia. En efecto, las prácticas de apoyo a los comités de agricultores más arraigados sigue siendo la entrega de pollitos, implementos agrícolas y semillas o la entrega de dinero a los comités de agricultores, generando situaciones administrativas poco claras que suelen terminar en casos de corrupción.
Las últimas administraciones han intensificado esta última práctica, cuyos recursos supuestamente son destinados a proyectos productivos liderados por las organizaciones campesinas como MCNOC y el Movimiento Agrario Popular, que junto a otras cinco nucleaciones, recibieron más de US$ 2,3 millones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en 2017. Más allá de los montos entregados, lo que resulta nocivo de este tipo de prácticas es la ausencia de compromiso por parte de los beneficiarios con la institución que hace entrega de los recursos monetarios, ya que no existe relación u...
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