En estos días leí que el nuevo ministro de Hacienda de Colombia había jurado lealtad a la regla que gobierna la política fiscal de ese país. Entendí que era la forma en la cual un nuevo gobierno buscaba transmitir la señal de que la vigencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal formaba parte del régimen institucional del país independientemente de la alternancia en el gobierno y que ellos iban a respetarla. Me pareció una señal positiva de seriedad y responsabilidad.
El día viernes, la ministra de Hacienda y sus predecesores presentaron su rendición de cuentas de los últimos cinco años al frente del Ministerio. Hicieron hincapié en que recibieron un importante desorden entre los compromisos financieros asumidos y los ingresos que efectivamente ingresaban a las arcas fiscales en el 2013.
De hecho, en el presupuesto del 2012, los parlamentarios habían aprobado un incremento salarial superior al 30% con un costo total aproximado de USD 800 millones anuales y que había descalabrado las finanzas públicas que pasaron de un superávit del 1% a un déficit del 1,7% del PIB de aquel entonces. Para cubrir este déficit se empezaban a emitir bonos soberanos de tal manera de evitar un recorte sustancial en los programas de inversión.
Estos hechos significaban un cambio importante respecto a la política de equilibrio fiscal que veníamos sosteniendo desde el 2004 en adelante. Necesitábamos encontrar un mecanismo que nos permita institucionalizar una política fiscal responsable, con la flexibilidad para implementar políticas anticíclicas de corto plazo para enfrentar coyunturas difíciles, pero con una perspectiva de equilibrio estructural de recuperar el equilibrio fiscal en un tiempo relativamente corto para mantener bajos niveles de endeudamiento y enfrentar exitosamente los siguientes choques internos o externos que...
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