La defensa de los policías Evelyng Núñez y Cemión Arce, detenidos por extorsión, recusó al fiscal Osmar Legal debido a “la pérdida absoluta del sentido de objetividad” a raíz de declaraciones dadas a la prensa sobre los hechos atribuidos a los uniformados.
En su escrito, la defensa alega que el día de la detención, el fiscal Legal dio declaraciones a la prensa manifestando que la denunciante de la supuesta extorsión, Johana Riveros Saavedra, “fue detenida ilegalmente en la vía pública por los denunciados y en ningún momento manifestó a la prensa que la misma fue declarada en rebeldía por dos juzgados penales diferentes” y también pesaba sobre ella una orden de detención.
“El fiscal de la causa había manifestado ante la prensa que la supuesta víctima solamente tenía problemas laborales en su lugar de trabajo, y que fue privada de su libertad ilegalmente e incluso los oficiales intervinientes le habían pedido la sumas de G 3.000.000 para dejarle libre, son manifestaciones vertidas por el señor Agente Fiscal en forma irresponsable y faltando a la verdad, hechos que nosotros como defensa técnica negamos categóricamente”, refiere el argumento de recusación.
En contraste, la defensa sostiene que en el día del hecho investigado, ambos agentes estaban haciendo patrullas y controles de rutinas dentro del microcentro de Asunción, “y al tener actitud sospechosa de Johana Riveros Saavedra, le pidieron su cédula de identidad y al verificar en el sistema informático de la Policía sus antecedentes, le informaron que la misma fue declarada en rebeldía por los juzgados competentes, y una orden de detención del Ministerio Público, por lo que procedieron a su detención en el acto y la llevaron hasta la Comisaría 3º para el procedimiento de rigor”.
Agrega que se había solicitado ante el Ministerio Público, la realización de varias diligencias en carácter de actos investigativos, como tomar la declaración testifical del oficial de guardia Marcelo Domínguez y del ayudante de turno oficial Fernando Maidana; que se libre oficio a la Policía Nacional y al Poder Judicial, a fin de que remitan los antecedentes policiales y judiciales de la denunciante, “pero nunca el fiscal de la causa le llamaron a los testigos propuestos ni libraron los oficios solicitados a pesar de haber sido reiterados por esta defensa técnica”.
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