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Desde hace un par de semanas se viene discutiendo en varios ámbitos, la medida tomada por la fiscalía en el sonado caso de estafa, lesión de confianza y tráfico de influencias que cometió el diputado colorado José María Ibáñez en el 2013, cuando apenas asumió su banca. El legislador hizo contratar a la cámara de Diputados y pagar un salario del dinero público, a tres personas que se encargaban de cuidar su casa quinta ubicada en Areguá.
Se pudo comprobar que el legislador no solo hacía pagar al pueblo el sueldo de sus empleados domésticos, sino cada mes se quedaba con una parte del dinero, pues quien efectizaba los cobros era su esposa Lorena Plabts.
El legislador reconoció haber cometido los delitos que se le imputa, y la Fiscalía insólitamente decidió aplicarle procedimiento abreviado. Con ello, no solo no será condenado, sino su legajo judicial quedará limpio, cuando que lo correcto hubiera sido castigarlo y aplicarle pérdida de investidura para desalojarlo del Poder Legislativo donde ocupa nuevamente una banca en este periodo que apenas se inicia.
Las Cámaras del Congreso, con pocas excepciones, se han convertido en estos últimos años en una guarida de delincuentes, sinvergüenzas y analfabetos que deshonran al Paraguay. Seudo políticos que usan las campañas electorales para lavar su dinero sucio y acceder a una banca donde por cinco años están blindados. Y no solo eso, ejercen una defensa corporativa para seguir gozando de todos los privilegios. Ahora mismo, diversos sectores sociales concuerdan en que Ibáñez debe perder su investidura, pero esa tesis es apoyada por apenas nueve de 80 de sus colegas diputados.
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