Cientos de jóvenes son encerrados cada año en centros educativos. La mayoría proviene de familias muy pobres, consume algún tipo de droga -sobre todo crack- y estuvo desprotegida en sus derechos más básicos antes de salir a la luz como “delincuente”.
“Estos chicos salen a la luz cuando tienen 14, 15 años, pero todo ese periodo anterior estuvieron olvidados, invisibilizados, nadie se ocupó de educación, su salud, su alimentación… Oportunidad es lo que los chicos no tienen”, dijo el director del Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor (Senaai), Orlando Castillo, durante una visita al Centro Educativo de Itauguá.
Castillo se refiere a la realidad de cientos de chicos encerrados en al menos media docena de centros educativos en todo el país, en regímenes cerrados y semiabiertos. Solamente en el centro educativo de Itauguá tienen una rotación de aproximadamente 600 menores de edad al año, aunque no todos son nuevos: muchos de ellos vuelven a ingresar, algunos por reincidencia y otros por violar las medidas sustitutivas a la prisión.
Pero, ¿de dónde vienen todos estos adolescentes privados de libertad? ¿Qué hacían, quiénes se ocupaban de ellos y hacia dónde pueden apuntar al ingresar a un centro educativo? Los problemas que aquejan a estos chicos son numerosos y de larga data.
Según el director del centro educativo visitado, Daniel Zaracho, la mayoría de los adolescentes que llegan allí estaban fuera del sistema educativo cuando ingresaron. Lo que dice coincide con un censo realizado por CDIA y el MNP entre abril de 2014 y febrero de 2015, cuando encontraron que el 90% de la población adolescente privada de libertad no contaba con la educación primaria obligatoria completa y más del 50% de ellos no estaban estudiando cuando fueron detenidos o derivados al centro.
Leer la nota completa en Diario ABC
