La encargada de comunicación de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), Analía Borba, afirmó que la dependencia del Ministerio de Hacienda “activó la alerta” luego de nuestra publicación sobre un caso de cobro ilegal de pensión alimentaria de la tercera edad en San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá. Solicitó a la ciudadanía que colabore con denuncias de hechos similares que se presenten a nivel país para iniciar un proceso de depuración de la planilla de beneficiarios.
Las denuncias deben realizarse en la Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC) del Ministerio de Hacienda. Los números telefónicos son (021) 497040 y 496100, mientras el correo electrónico es dpnc@hacienda.gov.py.
Las denuncias indican que al menos el 40% de los 190.178 adultos mayores que reciben la pensión alimentaria no reúnen los requisitos, principalmente el de vivir en extrema pobreza. En San Juan Nepomuceno, de los 2.400 beneficiarios, unas 500 son personas pudientes, de acuerdo a una revisión realizada por concejales municipales, encabezados por el presidente de la Junta Municipal, Tomás Centurión (Alianza). En esta tarea también apoyan ciudadanos.
En San Juan Nepomuceno saltó un grosero caso en el que una mujer que vive en la indigencia “no califica” porque su “nivel de vida es alto”, pero un empresario accedió a la ayuda monetaria de G. 520.000 mensual con “engaños” a los censistas y la supuesta ayuda de un concejal.
La afectada por la injusta distribución de la pensión es Luciana Zárate Villán (72). Vive en una precaria casa de madera en el barrio San Luis y padece cáncer.
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