La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) propone pensar en la justicia tributaria para unificar las demandas sociales, así...
La declaración de estado de emergencia sanitaria, vigente ante la amenaza del nuevo coronavirus, “ha patentizado en el Paraguay la incapacidad estructural del Estado para garantizar, no solamente el derecho a salud, sino una vida digna a toda la población, tal como se observa en el deficitario servicio de la sanidad pública y en la carencia de un sistema de protección social eficaz, capacidades indispensables para mermar el impacto de la epidemia que se pretende contener”, resalta la organización.
Hoy se ve a personas excluidas de sus puestos de trabajo sin posibilidades reales de poder reclamar lo que en justicia les corresponde. Personas que a la preocupación de la epidemia, deben sumar la preocupación por la propia alimentación y la de sus hijos e hijas. “Vemos que se asoma una crisis alimentaria que se irá profundizando sin que el Estado tenga reales condiciones de hacer frente a ella. El Paraguay de las profundas desigualdades está ante nuestros ojos”, agrega.
Policía. En otro orden, la Codehupy observa como la ampliación del poder de la policía ha sido particularmente reveladora de las formas más degradantes de actuación “que perviven y se ejercen con regular impunidad en sus filas”.
Dice que cuenta con indicios razonables sobre los excesos y violaciones de derechos humanos cometidos durante la vigilancia policial en la cuarentena, que no son hechos meramente anecdóticos, tal como los quiere presentar el ministro del Interior, Euclides Acevedo. Muy por el contrario, dice, “son conductas abrumadoras y llenas de arbitrariedad que deben ser investigadas penalmente como presuntos hechos punibles”.
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