Un proyecto de resolución "Que pide informes a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), sobre la reglamentación pendiente de sectores incorporados como sujetos obligados por la Ley N° 996/2022", se presentó recientemente ante la Comisión Permanente del Congreso, a instancias del diputado Mauricio Espínola (ANR-Capital).
El legislador sostiene que este pedido de informes no constituye un mero trámite administrativo, sino un "acto de responsabilidad institucional frente a un vacío normativo que ya no puede prolongarse en el tiempo".
Recuerda que, en el año 2022, mediante la sanción de la Ley Nº 996, el Congreso decidió, con amplio consenso, modificar el artículo 13 de la Ley Nº 1015/97, incorporando como sujetos obligados a sectores cuya actividad presenta riesgos significativos en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Fueron incluidos: casas de crédito; entidades deportivas; almacenes generales de depósitos; y empresas tabacaleras.
"Las intenciones era claras: ampliar la cobertura del sistema nacional de prevención; y cerrar brechas históricas para asegurar que sectores de alta exposición cuenten con controles adecuados, trazabilidad financiera y obligaciones de reporte", señala el texto.
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