El escrito fue presentado esta mañana ante el juzgado Penal de sentencias Nº 5, a cargo de la Jueza Gloria Torres, bajo patrocinio de los Abog. Con esta situación queda al descubierto, una vez más, el desorden que caracteriza a la administración de Alejandro Tati Urbieta, ya que de ser cierto que el “Expediente General 1015” salió de la Municipalidad, estaríamos ante la violación del artículo Nº 18 de la Ley Nº 5282/14 de Libre Acceso a la Información Pública, que prohibe “la salida de datos o registros originales de los archivos de las fuentes públicas en los que se hallen almacenados”.
El escrito fue presentado esta mañana ante el juzgado Penal de sentencias Nº 5, a cargo de la Jueza Gloria Torres, bajo patrocinio de los Abog. Oscar Germán Latorre y José Emilio Latorre. A través del mismo, Fischer denuncia el incumplimiento de la Sentencia Definitiva Nº 62, dictada el 28 de setiembre pasado por la mencionada magistrada.
La Jueza Torres había ordenado en dicha S.D. al intendente municipal de Concepción, Alejandro Tati Urbieta, la entrega inmediata de los documentos, solicitados bajo el amparo de la Ley 5282/14 por la periodista y que fueran negados durante dos meses por el jefe comunal.
Urbieta, vía Asesoría Jurídica de la Municipalidad, había entregado el lunes pasado las copias de documentos solicitados por Fischer, entre los que debía estar el “Expediente General Nº 1015”, que es el del proceso de venta del Puerto Municipal a la firma T.L.P. Sin embargo, en vez de dicho documento, le fue entregado a la periodista el “Expediente General Nº 2096”, que supuestamente es la reconstrucción del Expediente 1015.
Posterior a la entrega, el miércoles 3 pasado, la Municipalidad de Concepción presentó un escrito ante la Jueza, argumentando que la “reconstrucción” fue realizada porque el Expediente General Nº 1015 de la firma T.L.P. “ha salido de la institución municipal para la realización de la transferencia”. Fischer cuestina en su escrito, que el Intendente no haya argumentado de esa forma al momento de responder el amparo y que no presentara ni siquiera un acuse de recibo para acreditar que el expediente en cuestión ha salido de los archivos municipales.
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