Ejercer el periodismo en Paraguay se ha convertido en una actividad de «alto riesgo», especialmente en la zona norte del país y en regiones fronterizas, según han advertido desde hace años organismos internacionales de derechos humanos. Días atrás, nuevamente un comunicador fue objeto de amenazas de muerte mediante llamadas anónimas en medio de un contexto […]
Ejercer el periodismo en Paraguay se ha convertido en una actividad de «alto riesgo», especialmente en la zona norte del país y en regiones fronterizas, según han advertido desde hace años organismos internacionales de derechos humanos. Días atrás, nuevamente un comunicador fue objeto de amenazas de muerte mediante llamadas anónimas en medio de un contexto de publicaciones sobre presuntos casos de corrupción y malos manejos públicos en la ciudad de Horqueta, Departamento de Concepción.
Vicente Godoy, comunicador social que tiene bajo su responsabilidad la página de informaciones denunció el hecho ante la Fiscalía local de Horqueta y a la Policía Nacional, en base a tres mensajes de voz trecibidos en su línea telefónica a través de la plataforma whatsapp. Una voz grave, en marcado idioma portugués «advirtió» al comunicador que «se cuide» y deje de hacer ciertas publicaciones. El comunicador, sin embargo, manifestó que los funcionarios de la Fiscalía respectiva (a cargo del Fiscal Pablo Zárate) le dijeron que «no podían ocuparse del tema» pues se trataba de un hecho punible...
Tras esta poca claridad de actuación de la fiscalía a cargo, Vicente Godoy optó por no permanecer en la zona, con lo que suma otro caso más en el país de periodistas desplazados ante la pobre actuación de órganos oficiales en procura de su protección. Debe recordarse que tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público tienen vigentes normativas internas que en los papeles apuntan a prevenir y proteger, así como investigar específicamente, casos de amenazas, agravios, ataques o atentados contra periodistas y trabajadores de prensa.
La Policía Nacional tiene la del año 2017 «Protocolo de seguridad para periodistas en situación de riesgo», en la cual se determinan los pasos a seguir y medidas a adoptar por parte de la Policia par proteger a comunicadores, entre ellas disposiciones de guardias o asistencias de seguridad permanentes o aleatorias. El Ministerio Público, por su parte, tiene un para atender e investigar casos de hechos punibles en los que las víctimas fueran periodistas o trabajadores de prensa, así como tiene como responsable general para estos casos a su Unidad Fiscal Especializada en Derechos Humanos. Sin...
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