El documento original propuesto por el Ejecutivo, que modifica las reglas de acceso a la jubilación de trabajadores del sector privado y funcionarios federales, sufrió algunos cambios y finalmente no incluyó a los estados y municipios. Su exclusión no compromete el ahorro previsto por el Gobierno, pero, según economistas consultados por Efe, puede aumentar el desequilibrio de las cuentas regionales, presionadas por el pago de nóminas a los funcionarios públicos y las partidas destinadas a las pensiones.
Brasil cuenta con más de 11,4 millones de funcionarios públicos en las tres esferas de poder (federal, regional y municipal), un 83% más que hace 20 años.
Los datos, referentes a 2016, revelan que los funcionarios públicos municipales representan el 57% del total en el país, mientras que los regionales equivalen al 33% y los federales apenas el 10 %, aunque tienen los sueldos y las pensiones más elevadas.
Además, según explicó a Efe el economista Paulo Tafner, varios estados de Brasil, como Río Grande do Sul o Río de Janeiro, ya gastan más con los funcionarios jubilados que con los que están activos.
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