El diputado colorado (Añetete) José María Ibáñez fue acusado en el caso de los caseros por tres delitos: estafa, expedición de certificado de contenido falso y cobro indebido de honorarios. Según el Código Penal, la pena máxima podría llegar a 7 años y 6 meses de cárcel. Sin embargo, la fiscalía y la justicia utilizaron la suspensión condicional del procedimiento (figura jurídica para expectativas de penas bajas) para el blanqueo.
El 24 de setiembre de 2014 los fiscales Victoria Acuña, Liliana Alcaraz y José dos Santos (ya renunció) acusaron a Ibáñez por la comisión de los delitos citados más arriba. El legislador había pagado con dinero de Diputados a tres caseros encargados de cuidar su quinta de Areguá, a quienes hacía figurar en la planilla de funcionarios de la Cámara Baja. El perjuicio patrimonial al Estado fue de G. 30 millones.
Los fiscales aseguraron en el escrito que la conducta de Ibáñez era antijurídica, porque no existía causa de justificación, y que el mismo conocía la antijuridicidad de lo que estaba haciendo. En consecuencia, solicitaron que la causa sea elevada a juicio oral y público.
En el caso también fueron incluidos su esposa, Lorena Plabst; su exjefa de gabinete María Liz Gutiérrez y los caseros, Favio Ernán Gómez, Ever Isaac Falcón y Viviana Falcón. Desde un comienzo cada uno de los involucrados presentó chicanas para dilatar el proceso penal.
Pasaron casi cuatro años y la audiencia preliminar, en la que se tenía que resolver si los encausados deben afrontar o no juicio oral, nunca se pudo hacer, hasta que Ibáñez negoció con los fiscales Victoria Acuña y Nelson Ruiz para que le den una salida alternativa con la suspensión condicional del procedimiento.
Leer la nota completa en Diario ABC
