Peligra la defensa del Estado en denuncia ante la CIDH - Edicion Impresa - ABC Color

Los exsindicalistas Alan Flores y Ronald Orrego fueron condenados en 2010 a siete años de prisión como autores del hecho punible de asociación criminal y cómplices del de lesión de confianza. Ambos vaciadores tuvieron el descaro de denunciar al Estado paraguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentándose como las pobres víctimas de una persecución que habría apuntado a eliminar la fuerza del sindicalismo. La denuncia fue contestada por el procurador general de la República adjunto, Renzo Cristaldo. Se preguntará el lector por qué no lo hizo su propio jefe. Resulta que años después del sonado caso, Sergio Coscia, actual procurador general de la República, llegó a integrar el estudio jurídico de uno de los protagonistas del escándalo que estalló en 1998, según se evidenció en posteriores actuaciones judiciales. Se trata nada menos que del actual ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, “asesor” jurídico y político de los integrantes de la trama ideada por el empresario argentino Roque Carmona. ¿Tendrá la Procuraduría el valor de exponer ante la CIDH todo el entramado del vaciamiento del BNT, para demostrar que ni Flores ni Orrego fueron perseguidos por su condición de sindicalistas? ...[Leer más]