José Peirano, acusado por el vaciamiento del Banco Alemán, logró la reducida condena de dos años de cárcel con suspensión de la ejecución, por la comisión de lesión de confianza y conducta indebida en situaciones de crisis, en calidad de autor. Donará G. 250 millones en cuotas como “reparación del daño social”. Se introdujo (por la ventana) un informe del indico Julio Agüero, quien refirió que el banco quebrado tiene US$ 20 mil y propiedades millonarias para enfrentar reclamo de acreedores que se puedan presentar. El juez Raúl Florentín señaló en que hubo “expresó allanamiento” de los fiscales Francisco Cabrera y Néstor Coronel, a los pedidos de la defensa. Resaltó el informe del síndico Agüero, favorable a Peirano. Todos jugaron a favor del exbanquero.
El juez resolvió hacer lugar al incidente de inclusión probatoria planteado por los representantes del Ministerio Público. Guarda relación con el informe agregado por el síndico de quiebras Julio Agüero, el 20 de octubre pasado, posterior a la acusación y que tiene adjunto el Auto Interlocutorio Nº 1103 del 19 de octubre emanado de la jueza Rosana Frutos.
“El presente procedimiento de quiebra ha honrado el pago de todos los créditos presentados salvo el de las 14 órdenes de pago anuladas por la suma de US$ 62.098, las que fueron anuladas debido a su antigua data y que no fueron reclamadas siendo de los años 2013 al 2016. Todos los demás acreedores quirografarios fueron honrados formalmente”, dijo el síndico Agüero en el informe a favor de Peirano.
“Aun así se cuenta con activos suficientes para realizarlos en caso de presentación de alguna acreencia consistente en más o menos 20.000 dólares de saldo en efectivo en la cuenta judicial abierta a nombre de la quiebra como también bienes inmuebles”, agregó el síndico y enumero las propiedades, pero cuyos valores no dispone. Si refirió que el inmueble ubicado en Buenos Aires, Argentina, según la última tasación de 2018, tiene un valor aproximado de US$ 650.000.
El juez consideró viable el procedimiento abreviado, teniendo en cuenta que se encuentran reunidos en forma conjunta los presupuestos que hacen posible su adopción al caso concreto, “a más de que se desprende suficiente material de convicción en el cuaderno de investigación fiscal para sostener, fuera de toda duda razonable, que el procesado es autor de los hechos punibles que se le atribuye, por lo que con la correspondiente anuencia del Ministerio Público se satisfacen los requisitos normativos para la condena a través de este instituto procesal”.
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