El abogado del PLRA y de la familia de Rodrigo Quintana, Guillermo Duarte Cacavelos, anunció que solicitarán al Ministerio Público el allanamiento de la empresa Telefonía Celular del Paraguay SA (Tigo), luego de que esta haya informado que fueron borrados los datos de cruce de llamadas del 31 de marzo y el 1º de abril de 2017. “Si es así, extraemos la información, en base a eso vamos a procesar estos datos y vamos a comunicar eventualmente al Ministerio Público la posible frustración de la persecución penal por parte de esta empresa”, explicó en contacto con La Unión R800 AM, justificando la posible causa en razón de que “no colaborar con una investigación penal es básicamente cometer un hecho punible”.
El abogado del PLRA y de la familia de Rodrigo Quintana, Guillermo Duarte Cacavelos, anunció que solicitarán al Ministerio Público el allanamiento de la empresa Telefonía Celular del Paraguay SA (Tigo), luego de que esta haya informado que fueron borrados los datos de cruce de llamadas del 31 de marzo y el 1º de abril de 2017. De encontrar registros, denunciarán a la firma por frustración a la persecución penal por no entregar los datos requeridos por la justicia.
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La empresa Telefonía Celular del Paraguay S.A. (Tigo) contestó al pedido del juez Alcides Corbeta sobre el cruce de llamadas de 20 números telefónicos durante la noche del 31 de marzo y el 1º de abril de 2017, momentos en que se produjo el atraco al PLRA y el asesinato del dirigente liberal Rodrigo Quintana. La firma manifestó no poseer algunos registros, debido a que fueron eliminados los registros de llamados entrantes y salientes del sistema luego de los seis meses de guardado obligatorio.
Guillermo Duarte Cacavelos, abogado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y de la familia de Rodrigo Quintana, anunció que pedirán a la Fiscalía que realice un allanamiento en la compañía telefónica Tigo de modo a obtener datos sobre las llamadas en cuestión. Así mismo, dijo que presentará una denuncia penal por frustración a la persecución penal por no entregar los datos requeridos a la justicia.
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