Asesor jurídico del ente señala que Ramón C. Álvarez y CDD Construcciones podrían tener una prohibición de hasta 3 años para contratar con el Estado. Habrían mentido para adjudicarse 13 peajes.
"Se exponen a una sanción de inhabilitación para contratar con el Estado, que va desde tres meses hasta tres años, según las disposiciones de la Ley 2051/03", expresó Luis Godoy, director jurídico de la DNCP, ante la consulta de este medio. Recordemos que Godoy anunció hace días que pedirá un informe al MOPC sobre las anomalías denunciadas; sin embargo, aún no lo hizo hasta la fecha.
Lo concreto es que documentos oficiales de Uruguay, publicados por este medio, evidenciaron que la firma charrúa no tenía la experiencia requerida que acreditó para quedarse con la licitación en cuestión.
Empero, MOPC requiere de una confirmación oficial, vía Cancillería, para definir el destino de la cuestionada concesión (ver antecedentes en infografía).
En este caso, Ramón C. Álvarez no contaba con los cinco años de experiencia en operación de peajes (entre el 2002 y 2007), que acreditó el consorcio en su oferta, supuestamente con aval de la Corporación Vial de Uruguay (CVU).
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