El grupo criminal más prominente de Brasil, el PCC, apoya de diversas formas a los mineros de oro ilegales en la Amazonía brasileña, obstaculizando los esfuerzos del gobierno por erradicar la minería ilegal y la violencia contra la comunidad indígena yanomami.
El juez y ministro de justicia de Brasil, Flávio Dino, anunció el envío de 220 efectivos más de la policía militar a la reserva indígena yanomami en el estado de Roraima, al norte de Brasil, como respuesta a la violencia entre los mineros ilegales y residentes yanomami, los cuales dejaron al menos 14 muertos entre el 29 de abril y el 6 de mayo. Entre las víctimas se contó un hombre de la etnia yanomami, muerto en un ataque de los mineros a un caserío el 29 de abril, y cuatro hombres acribillados en un socavón durante un enfrentamiento armado con la policía el 1 de mayo.
Aunque los choques en la reserva yanomami han ocurrido por varios años, este nuevo estallido de violencia coincide con la expulsión de miles de mineros de la zona por orden del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Sin embargo, la presencia del Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) ha sumado una arista más a un problema de por sí espinoso. Uno de los cuatro hombres abatidos el 1 de mayo se identificó como Sandro Moraes de Carvalho, alias “Presidente”, presunto comandante del PCC en ese estado del norte del país.
Dino declaró el 18 de mayo en una conferencia de prensa que el PCC está actuando como “un sindicato minero ilegal".
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