Pavo Real II: ordenan secuestro de vehículos pertenecientes a Alexandre Gomes - PDS RADIO Y TV

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A pedido del Ministerio Público, el juez Osmar Legal ordenó el secuestro, la búsqueda y la localización de vehículos que están a nombre de Alexandre Rodrigues Gomes y de la firma Salto Diamante S.A. Los automotores estarían vinculados a actividades relacionadas con el lavado de dinero. Una vez ubicados, deberán ser puestos a disposición de […]

A pedido del Ministerio Público, el juez Osmar Legal ordenó el secuestro, la búsqueda y la localización de vehículos que están a nombre de Alexandre Rodrigues Gomes y de la firma Salto Diamante S.A. Los automotores estarían vinculados a actividades relacionadas con el lavado de dinero. Una vez ubicados, deberán ser puestos a disposición de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO). Asimismo, sobre estos ya pesan medidas cautelares de prohibición de innovar y contratar.

La medida fue solicitada por los fiscales Andrés Arriola e Ingrid Cubilla, quienes señalaron que Rodrigues Gomes habría formado parte de una estructura criminal paralela que operaba como brazo financiero del clan liderado por Jarvis Chimenez Pavão, mediante operaciones de lavado de dinero, adquisición de inmuebles y reinversión de capital ilícito a través de firmas como Salto Diamante S.A., Pasfin, Agroforestal Las Quebradas y otras. Esto en el marco del operativo Pavo Real II.

El Ministerio Público argumentó que los vehículos, consistentes en camionetas de alta gama, camiones, apiladoras, tractores y palas cargadoras, fueron adquiridos entre los años 2015 y 2021 sin respaldo documental legal. La estancia “Negla Poty” fue citada como uno de los bienes clave en la presunta red de lavado de activos.

Para que procedan las medidas, el Juzgado consideró que se acreditaron los presupuestos legales establecidos en el art. 693 del Código Procesal Civil: verosimilitud del derecho, peligro en la demora y la no exigencia de contracautela, dado que el solicitante es el Ministerio Público. Además, se valoró la probabilidad razonable de que los derechos alegados existan y la urgencia de impedir la venta o transferencia de los bienes mientras dure el proceso.

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