LIMA.- Las miradas en Perú quedaron puestas en los 25 congresistas que, a más tardar el 25 de este mes, deben pronunciarse sobre la denuncia
LIMA.- Las miradas en Perú quedaron puestas en los 25 congresistas que, a más tardar el 25 de este mes, deben pronunciarse sobre la denuncia constitucional de la Fiscalía contra el presidente Pedro Castillo, eventual primer paso de una salida definitiva o temporal del mandatario del cargo.
En ese lapso, esos 25 parlamentarios, miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, podrían archivar la denuncia por no incluir las causales previstas por la Constitución, pero también podrían darle luz verde a un proceso que se vislumbra extremadamente polémico.
Si la Subcomisión decide archivar la denuncia contra Castillo por tráfico de influencias agravado y colusión, el asunto se cerrará automáticamente. De lo contrario, el grupo designará a uno de sus miembros para que elabore una ponencia y dé paso a un proceso que podría tardar varios meses.
Para el constitucionalista Omar Cairo, de las fórmulas que tenía la Fiscalía, la de la denuncia constitucional ante el Congreso, elegida por la fiscal general, Patricia Benavides, no solo es “la más engorrosa y complicada”, sino que podría llegar a la conclusión de que a Castillo se lo puede juzgar, pero cuando termine su período en 2026.
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