Por Gustavo A. Olmedo B. golmedo@uhora.com.py
Por un lado, más allá de lo anecdótico del caso, el hecho volvió a develar la caradurez de muchos senadores, quienes hipócritamente se "rasgaron las vestiduras" e incluso pidieron la renuncia del titular de la Cámara; como si la compra de votos jamás hubiese ocurrido. Sin embargo, es sabido que esta lamentable y corrupta práctica es más que frecuente y hasta "histórica" –valga el término– en este Poder del Estado. Y la continuidad de este manejo nocivo y poco honorable es exclusiva responsabilidad de cada uno de los miembros de la Honorable Cámara en cuestión.
Por otro, este evento volvió visibilizar a estas personas que ofrecen servicios sexuales a cambio de dinero en nuestra sociedad. Se trata de una actividad peligrosa y denigrante, en cuyo entorno giran y se entrecruzan prácticas ilegales y criminales, como la trata de blancas, el tráfico de drogas, el proxenetismo, además de violencia y muerte.
Con la prostitución –incluso la no forzada–, a miles de mujeres, niños y niñas se les ha restringido y violado la dignidad humana, exponiéndolos al manoseo, el maltrato y la cosificación degradante de su cuerpo. No en vano, expertos en el tema la consideran como la forma moderna de esclavitud, incluso avalada por legislaciones.
Está claro que el asunto es complejo, en donde intervienen situaciones de pobreza extrema e ignorancia, la desintegración familiar, la paternidad irresponsable, y la ausencia del Estado y su inacción ante el auge de la trata de personas y el turismo sexual, entre otras tantas variables; todo ello sumado a los fuertes intereses económicos que movilizan a quienes lucran con el cuerpo de estos mujeres y niños, así como las diferentes patologías que esconden quienes buscan y trafican estos servicios.
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