Esta mañana se realizó una audiencia pública en Diputados para buscar solución al incumplimiento de la Ley que regula el voluntariado, inoperativa desde 2021 por la falta de designación de representantes de varias instituciones dependientes del Ejecutivo. Por ello, se exigió un poco de “voluntad” y desde el Gobierno prometieron que la próxima semana cumplirían con hacer las designaciones.
La Ley 6060/18 “que regula el voluntariado” establece una serie de obligaciones para el Ejecutivo, teniendo en cuenta que se estima que cuanto menos hay más de 213.000 voluntarios que prestan servicio a la sociedad a través de organizaciones de la sociedad civil (últimamente satanizadas por este gobierno) y si bien su aporte es gratuito, se estima que los servicios que brindan representan al menos US$ 3 millones al año. Ante esto, se reclamó mayor voluntad del Gobierno para cumplir con su parte.
El representante del viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Edgar Núñez, sostuvo que están esperando que las instituciones que integran el Consejo Nacional de Voluntariado (Conavo) designen a sus representantes, siendo el único que hasta ahora cumplió con dicho trámite el Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Acotó que la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ) y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) se comprometieron a cumplir la próxima semana.
Falta además un representante de la Presidencia de la República y dos de las universidades (públicas y privadas respectivamente), sobre la cuales no hay plazo definido. Mariano Bareiro, exrepresentante de los voluntarios (en su caso de las Comisiones Vecinales) hizo la cronología, destacando que desde 2019 al 2021 el Conavo estuvo operativo, hasta que cesó la designación de representantes del Ejecutivo.
Según mencionó Bareiro, un estudio que realizó la Federación de Entidades Vecinalistas, solos estas organizaciones movilizan a más de 200.000 y el aporte de la comunidad en materia de voluntariado representa US$ 3 millones al año, de aporte solidarios, sin contar otras grandes organizaciones. Precisamente, algo que se reclamó es que el Gobierno debería de hacer ese cálculo de aporte a fin de reconocer al voluntariado.
Leer la nota completa en Diario ABC
