La empresa importadora pagaba por cada autorización G. 100 millones, sin importar cantidad de armas. Desde la Dimabel ayudaron a evadir requisitos y jefes decían estar “a las órdenes” del esquema.
La megaincautación de las 1.823 armas (largas y cortas) dejó entrever la grosera forma en que las propias autoridades fueron cómplices del crimen organizado en el tráfico de armamentos. Este esquema estuvo operando desde el 2019 hasta la fecha. Las investigaciones iniciaron ya en el 2021, a partir de otras incautaciones en el Brasil.
Era justamente en ese país donde iban a parar todas las armas, destinadas para las facciones criminales como el Comando Vermelho y Primer Comando Capital (PCC). Se verificó que en realidad todo salía de Paraguay.
Fueron justamente seis personas las que recientemente fueron imputadas por los fiscales Fabiola Molas (Antidrogas), Diego Arzamendia y Francisco Cabrera (de Anticorrupción), por operar en el esquema.
Según la imputación, inicialmente, las armas de fuego se traía de la empresa HS Produkt, de Croacia. Era la empresa internacional International Auto Supply (IAS) la única que importaba.
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