La noticia de la liberación de casi 80 presidiarios de la cárcel de Pedro Juan Caballero, planeada por el Primer Comando Capital (PCC), sacudió a nuestro país esta semana. Este grave hecho da cuenta del debilitamiento de las instituciones del Estado frente al avance de las organizaciones criminales.
Como si fuera poco, la ministra de Justicia -responsable política del área- reconoció que no puede pisar dicha localidad por motivos de seguridad, comunicando a la ciudadanía que para una ministra del Poder Ejecutivo, Amambay es zona liberada.
Estos acontecimientos no son aislados ni nuevos sino que, por el contrario, obedecen a un proceso de degradación institucional de larga data, en el que viene prevaleciendo la idea pergeñada por determinados poderes fácticos de que Paraguay sea un gran lugar de producción, comercialización y, sobre todo, de tránsito de drogas.
La respuesta que ha dado el presidente del Congreso –declarar una vez más Amambay como “zona de excepción” – es completamente insuficiente. A diferencia de los recursos del Estado, los recursos de los narcos son ilimitados. Por ello, cualquier respuesta que se agote en una “guerra frontal” resulta de antemano perdida.
Las organizaciones criminales tienen la posibilidad de corromper y/o seducir a cualquier ciudadano –sobre todo, miembros de las fuerzas del orden- que por ambición o miedo sucumban ante sus ingentes recursos económicos. Justamente, hechos como lo recientemente ocurrido son una muestra patente de esto último.
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