La PGR y Abogacía del Tesoro recomendaron a Conajzar que revoque su contrato con iCrop que pretendía “regularizar” las tragamonedas, alegando que surgió una nueva ley de prohibición de las máquinas. Para Javier Balbuena, el especialista en juegos de azar, dichas instituciones ignoraron en sus dictámenes la ley anterior, que ya las prohibía, y con esto “blanquean” un acuerdo ilegal.
Para especialista, postura de PGR y Abogacía “blanquea” contrato ilegal
La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), hoy presidida por María Galván del Puerto, decidió revocar la Resolución N° 34 (del 8 de octubre del 2020), con la cual se “respaldó” el contrato que firmó con la empresa iCrop SA, de Lucy Sy y Lilian Beatriz Vera de Qiu, para “legalizar” en sitios prohibidos. La revocatoria se concretó con la Resolución N° 24, del 10 de junio último.
Para esta anulación del contrato considerado ilegal (pues trasgredía la ley que rige al sector), la reguladora de juegos de azar se basó en tres dictámenes: Uno de un asesor externo (que Conajzar no identifica en los documentos pero se supo que es Jorge Zárate Leiva); de la Procuraduría General de la República (PGR), cuyo titular es Rodolfo Andrés Barrios Duba; y de la Abogacía del Tesoro, dirigido por Fernando Benavente.
Los dictaminantes coincidieron en la ilegalidad de la “regularización” de tragamonedas, atendiendo la vigencia de la nueva Ley N° 6903/22, que establece medidas de protección para niños, niñas y adolescentes ante la influencia de esas máquinas y prohíbe su operación en despensas, peluquerías y otros comercios de libre concurrencia.
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