Hemos dejado que se formara una casta política que se cree de noble alcurnia, de gran prosapia y de alto linaje pero en realidad se comportan como si fueran todos unos agavillados de baja ralea y estofa. Una pandilla de asaltantes de fondos públicos y patrimonios estatales.
Las denuncias que la ciudadanía viene soportando desde finales del 2023 hasta ahora, con revelaciones inaguantables de contrataciones de sus parentelas -tan de baja estofa como ellos- nos inundan día a día con descubrimientos que se superan unos a otros.
Es insoportable la situación con la que nos obligan a convivir, los salarios con los cuales comparamos a nuestros médicos y maestros, el terrorífico contraste de lo que es un salario mínimo versus lo que ganan estos déspotas. Pero si a estos privilegios le sumamos sospechas de ilicitudes y violaciones de la ley que se están tolerando unos a otros, hemos tocado fondo.
Con toda justicia podríamos hablar de pandilleros estatales.
El caso del Jurado de Enjuiciamiento (JEM) es un ensañamiento del poder político sobre la administración de justicia. Primero fue el colorado cartista Hernán David Rivas quien desde hace CUATRO años está sospechado de no tener el título de abogado tal cual lo indica la ley, desvergüenza que no le impidió ser diputado, senador y hasta presidente del JEM. Llevamos unos 1.300 días cargando con las sospechas -a las que además se suma la posible inconsistencia de bienes-.
Leer la nota completa en Diario ABC