La infraestructura escolar del Paraguay es la peor de la región latinoamericana, según un informe conjunto del BID y de la Unesco. Allí se lee que los porcentajes de alumnos que asisten a escuelas con muy pocas categorías de infraestructura con nivel suficiente son “inaceptablemente altos”. Los paraguayos debemos sentirnos humillados por este informe, que habla de la insensibilidad de las autoridades nacionales –y los políticos que manejan todas las esferas– hacia el sector más importante para el desarrollo de nuestro país. Los resultados del estudio están lejos de ser asombrosos. La situación no tiene nada que ver con la falta de dinero, sino con la corrupción que se lo ha engullido, y la insensibilidad de autoridades nacionales, departamentales y comunales. La politiquería voraz atenta contra el futuro del país y muestra hasta qué grado de miseria se puede llegar cuando a la inmoralidad de quienes deciden las políticas públicas se suma la ineptitud de los burócratas. Por tanto, para salvar a la educación en nuestro país es necesario limpiar el escenario político denunciando con firmeza a quienes la destruyen cada día, esos políticos que viven como reyes de la ignorancia de la gente.
La infraestructura escolar del Paraguay es la peor de la región latinoamericana, según surge de un informe conjunto de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Allí se lee que los porcentajes de alumnos paraguayos que asisten a escuelas con muy pocas categorías de infraestructura con nivel suficiente son “inaceptablemente altos”. Los paraguayos debemos sentirnos realmente humillados por este informe,...
Eso significa, en otras palabras, que muchas escuelas no tienen agua potable ni saneamiento y que carecen de servicios públicos, así como de espacios pedagógicos o académicos, de áreas de oficinas, de espacios de uso múltiple y de equipamiento en las aulas. Entre el 21% y el 24% de los alumnos estudia en establecimientos que no cuentan con infraestructura suficiente en ninguna de esas categorías o en solo una de ellas.
Los resultados del estudio están lejos de ser asombrosos, ya que la ciudadanía está bien enterada del calamitoso estado de las instalaciones en que se imparte la educación pública. La prensa se viene ocupando con insistencia de la necesidad de poner fin a una situación denigrante para los alumnos y vergonzosa para el país. Ella no tiene nada que ver con la falta de dinero, sino con la corrupción que se lo ha engullido, y la insensibilidad de las autoridades nacionales, departamentales y comunales.
También los docentes y los padres de los alumnos han contribuido, con su inexplicable silencio, a que se siga enseñando bajo los árboles o corriendo el riesgo de que se caiga el techo de un aula con pupitres ruinosos. Pero la responsabilidad principal, desde luego, recae sobre quienes definen las políticas e invierten los fondos previstos para la educación.
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