En momentos en que se reaviva el debate sobre la electromovilidad por la disparada del precio del petróleo y sus derivados, el Poder Ejecutivo vetó totalmente la “ley de incentivos y promoción del transporte eléctrico en el Paraguay”. Al margen de si corresponden o no los argumentos esgrimidos, que son de orden fiscal y de orden financiero, es una pena que se pierda una nueva oportunidad de establecer una política de Estado en esa dirección, porque constituye una tremenda ironía que Paraguay tenga que depender en un 100% de la importación de combustibles fósiles siendo uno de los mayores productores per cápita de electricidad en el mundo.
En promedio, solo en Itaipú Paraguay tiene unos 20 millones de megavatios/hora por año de energía limpia y barata que actualmente no usa y que, por imperio de la interpretación del Anexo C del Tratado, se ve obligado a ceder a Brasil a cambio de una ínfima compensación. Para tener una idea, todo el consumo nacional es de 19 millones de MWh al año.
En vez de prácticamente regalar esa gigantesca mina de oro, ya se tendría que haber construido la infraestructura y desarrollado los incentivos correctos para utilizarla en todos los rincones del país, en las casas y negocios, en las industrias y también en el transporte, público y privado. A estas alturas no solamente debería estar ya avanzada la migración del sistema de buses, sino que debería haber un tren eléctrico y, por qué no, un monorriel elevado de pasajeros.
Si no es así, no es por falta de recursos, como muchas veces quieren alegar. De acuerdo con estimaciones del sector privado, con 1.000 millones de dólares se completa la mutación a electricidad de toda la flota del transporte público de pasajeros, tanto urbano como interurbano, incluyendo el transporte escolar.
Si consideramos que, a un altísimo costo a fondo perdido se emperraron en llevar adelante contra viento y marea el metrobús a gasoíl, a sabiendas de que era impracticable, como quedó más que evidenciado, y que, también contra viento y marea, se construyó la no prioritaria avenida Ñu Guasu, despojándole al ferrocarril de su valiosa franja de dominio, queda claro que recursos hubo más que suficientes. Con mayor razón si consideramos que el saldo de la deuda pública se incrementó en más de 10.000 millones de dólares en la última década, el 60% de ello durante la actual administración de Mario...
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