Unas seis Organizaciones de la Sociedad Civil (ONGs) emitieron un comunicado en el que rechazan la vía de la enmienda como mecanismo para la reelección presidencial y que el procedimiento que corresponde es la reforma constitucional. Finalmente, cualquier modificación que se pretenda hacer de la Constitución -sean uno o varios artículos, deberá hacerse por la vía que corresponda- y además requiere de un amplio debate y del diálogo entre todos los sectores políticos y sociales, y no puede estar sujeta a intereses sectarios de algunos partidos y movimientos políticos.
Unas seis Organizaciones de la Sociedad Civil (ONGs) emitieron un comunicado en el que rechazan la vía de la enmienda como mecanismo para la reelección presidencial y que el procedimiento que corresponde es la reforma constitucional. Además, señalan que cambiar la Constitución Nacional para beneficiar una candidatura es romper el sistema democrático y un quiebre institucional.
“Las organizaciones abajo firmantes, ante las acciones de diversos grupos y/o partidos políticos, para forzar la realización de cambios en la Constitución, para habilitar a personas a ser de nuevo candidatos a presidentes de la República, declaramos cuanto sigue:
La Constitución Nacional es el documento que sienta las bases para el funcionamiento adecuado del sistema democrático y de un Estado Social de Derecho. En ella se establecen los derechos y garantías de las y los ciudadanos, la organización de la Estructura del Estado, y así también los procedimientos para modificarla. La relevancia de su contenido hace fundamental un análisis muy cuidadoso de posibles cambios que quieran realizarse a la misma.
Actualmente se está ante la intención de sectores de algunos partidos políticos de modificar el artículo 229 de la Constitución Nacional, específicamente para habilitar la reelección presidencial, con base en que el mecanismo de la enmienda es el indicado. En tal sentido, consideramos que el procedimiento constitucional que corresponde es el de la reforma, no la enmienda, conforme se trata de un hecho trascendental para la democracia y que merece un adecuado debate, lo cual únicamente puede darse en una reforma constitucional.
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