Oportunidad para la transparencia | Diario Vanguardia

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La aprobación de pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este sacudió el ambiente político y social de una de las más importantes capitales departamentales del país. La intervención no es otra cosa que una medida administrativa decidida por las instancias legislativas para despejar dudas sobre el manejo de la cosa pública en una administración local. Ahora el pedido deberá ser remitido al Poder Ejecutivo para que este dé su consentimiento y solicite a la Cámara de Diputados decidir la intervención, y posteriormente nuevamente el Ejecutivo debe nombrar la persona que se encargará de administrar la comuna y verificar los documentos por un espacio de tres meses.

La aprobación de pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este sacudió el ambiente político y social de una de las más importantes capitales departamentales del país. La Comuna administra un presupuesto de G. 332.000 millones de los cuales 241.000 millones son destinados a gastos corrientes. El dinero que maneja es casi equiparable con una institución estatal de nivel nacional, sin embargo, poco o nada se refleja en la comunidad. Las obras de envergadura en los últimos años, fueron encaradas por el Gobierno Central.

El pedido de investigación al tiempo de convertirse en una linda sorpresa para la ciudadanía, generó todo tipo de repudio por parte de la jefa comunal quien por todos los medios intenta desacreditar la medida.

Sandra Mcleod de Zacarías, en todos estos años en que estuvo al frente de la Municipalidad, se jactó de una gestión transparente. Si esto es así, la jefa comunal no tiene nada que temer. Es más, debería ser la primera en apoyar la iniciativa. La intervención no es otra cosa que una medida administrativa decidida por las instancias legislativas para despejar dudas sobre el manejo de la cosa pública en una administración local.

La decisión de la Junta Municipal fue el primer paso. Ahora el pedido deberá ser remitido al Poder Ejecutivo para que este dé su consentimiento y solicite a la Cámara de Diputados decidir la intervención, y posteriormente nuevamente el Ejecutivo debe nombrar la persona que se encargará de administrar la comuna y verificar los documentos por un espacio de tres meses.

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