La Opaci lejos de defender los derechos de las municipalidades, tal como pregona, se convirtió en una pesada carga para las instituciones comunales. La ONG coacciona e incluso recurre a medidas extremas como bloqueos del acceso al registro nacional de licencias para seguir recaudando, según las denuncias.
La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), presidida actualmente por la intendenta de Ybycuí, María del Carmen Benítez (ANR, velazquista), pese a ser una organización no gubernamental (ONG) tiene atribuciones como cualquier institución pública. Es así que administra el Registro Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito (RNLCAT), plataforma habilitante a través del usuario a los municipios para que estos puedan expedir licencias de conducir y realizar sus respectivas renovaciones.
La potestad otorgada a la Opaci hace que las municipalidades de todo el país vivan en constante zozobra. Y es que la falta de pagos a la ONG o simplemente negarse a firmar “convenios” para entregar parte de su recaudaciones por las transferencias de bienes raíces u operaciones de crédito (hipotecas) tiene como consecuencia inmediata el bloqueo del acceso al Registro Único de Tránsito (RUT).
Así lo dejó en evidencia y denunció a principios de este año la Municipalidad de Yaguarón, administrada por el intendente Luis Rodríguez (PLRA). La comuna tuvo que recurrir a un recurso de amparo para seguir expidiendo los registros de conducir a sus contribuyentes.
El escrito presentado por la Municipalidad de Yaguarón relata que la Opaci procedió a bloquear su usuario para el acceso al RNLCAT debido a una supuesta deuda del año 2008. La cifra reclamada era de G. 100 millones, pero no existe antecedentes ni documentos que avalen tal compromiso, según el pedido.
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