Los adolescentes que incursionan en la adicción, que a la vez los lleva a la delincuencia, constituyen una realidad que el Estado prefiere no ver, pues no lleva adelante ninguna política pública para encaminarlos hacia una vida adulta responsable.
El primer contacto que tiene el Estado paraguayo con un adolescente es el represivo. No existe una política para que un chico que no terminó la escuela vuelva cuando es adolescente. Si bien hay programas de alfabetización, el adolescente asiste a clases con adultos. El consumo de alcohol, luego el chespi (crack), es el primer paso para caer en la delincuencia.
“El Estado debe reconciliarse con el adolescente. No puede llegar solo para darle un castigo; debe estar antes brindándole una política educativa, sanitaria y laboral”, dijo Mario Torres, juez penal de la Adolescencia.
Igualmente, indicó que se debe trabajar para desarrollar en Paraguay un modelo de justicia para los adolescentes con el enfoque restaurativo.
Explicó que, anteriormente, se juzgaba al adolescente como adulto, hasta 1981. Después, surgió una política tutelar en que el Estado era como un “papá guasu” del adolescente. Daba lo mismo ser mendigo, ser pobre, estar enfermo o ser infractor; el Estado debía proteger al menor. Contra esa política surge un tercer modelo que es la Justicia restaurativa, en donde el adolescente reconoce su falla y la justicia tiene una mínima intervención.
Leer la nota completa en Diario ABC
