Un nuevo proyecto de ley que busca autorizar el derribo de aviones que ingresen ilegalmente al espacio aéreo paraguayo se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados, según informó el legislador liberal Jorge Ávalos Mariño (PLRA) en comunicación con ABC Cardinal. La iniciativa, presentada hace más de un mes por el diputado independiente Rubén […]
Un nuevo proyecto de ley que busca autorizar el derribo de aviones que ingresen ilegalmente al espacio aéreo paraguayo se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados, según informó el legislador liberal Jorge Ávalos Mariño (PLRA) en comunicación con ABC Cardinal. La iniciativa, presentada hace más de un mes por el diputado independiente Rubén Rubin, surge en un contexto marcado por la llegada de cuatro de los seis aviones caza Super Tucano adquiridos por la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) desde Brasil, previstos para arribar este lunes.
La legislación actual, establecida en la Ley 6.980 de “vigilancia y protección del espacio aéreo paraguayo”, no permite a la FAP derribar aeronaves no identificadas o que operen de manera clandestina. En su lugar, solo autoriza escoltarlas fuera del espacio aéreo nacional o realizar disparos de advertencia. Esta limitación ha generado debate, especialmente debido al uso recurrente de vuelos ilegales por parte de organizaciones criminales para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.
Ávalos Mariño expresó su apoyo al proyecto de Rubin, destacando la necesidad de actualizar la normativa para fortalecer la seguridad aérea. “El proyecto está en pleno trámite legislativo, aunque aún no se ha socializado demasiado”, señaló el diputado, quien subrayó que la incorporación de los modernos aviones Super Tucano debería impulsar una mayor celeridad en el tratamiento de la propuesta.
La llegada de los cazas, diseñados para misiones de vigilancia y combate, reaviva la discusión sobre la urgencia de contar con herramientas legales que permitan a la FAP actuar de manera más contundente frente a las incursiones aéreas ilegales. El proyecto de ley, de ser aprobado, representaría un cambio significativo en la política de defensa del espacio aéreo paraguayo, otorgando a las fuerzas armadas mayores capacidades para enfrentar el crimen organizado.
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