El Decreto N° 10.911 , que reglamenta la importación, transporte y comercialización de combustibles, tiene más de dos décadas de vigencia, y responsabiliza al MIC y el INTN de realizar las autorizaciones y controles correspondientes. En la práctica, se observan escasas verificaciones.
El expresidente Luis González Macchi firmó el Decreto N° 10.911 el 25 de octubre del 2000, con el cual estipuló el marco jurídico para la refinación, importación, distribución y comercialización de derivados del petróleo, que rige hasta hoy. Se trata de una reglamentación de la Ley N° 904/1963, mucho más antigua aún, que establece las funciones del Ministerio de Industria y Comercio ().
Dicho decreto es el instrumento legal del MIC y del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) para realizar las autorizaciones y establecer los controles en cada etapa de la cadena comercial del combustible, para su disposición final para la oferta a los usuarios, en las del país.
Básicamente, distribuye las tareas en el control de la documentación, autorizaciones municipales y de los planos a la cartera estatal para su instalación y luego el control de su funcionamiento; mientras que al INTN encarga lo relativo al chequeo de la calidad y cantidad del producto, en condiciones seguras y certificadas, también en sus diferentes etapas, desde la importación, transporte, distribución y expendio en los picos de las gasolineras.
Entre las disposiciones está que cada gasolinera deberá operar exclusivamente con el emblema con el cual había sido autorizada previamente, y que las descargas del producto se deben realizar sólo con camiones cisternas dedicados al transporte de combustible, debidamente autorizados para ello por el MIC y el INTN.
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